El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría.
De esta forma, en el punto resolutivo uno, el colegiado declaró inconstitucionales en su totalidad las infracciones por incumplimiento funcional 6, 24, 25, 26 y 27 del artículo 46 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Declaró inconstitucional, igualmente, toda referencia al concepto "grave afectación al servicio público", contenida en diversas infracciones; así como en el segundo párrafo final del artículo 46 de la Ley 27785.
También, el numeral 1.1 del artículo 68 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional, aprobado por Resolución de Contraloría 166-2021-CG.
Además, declaró inconstitucional la frase: "Salvo en los casos justificados señalados en las normas reglamentarias", contenida en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
En el punto resolutivo dos estableció que se deben interpretar las infracciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 27785, modificado por el artículo 2 de la Ley 31288, de acuerdo con los fundamentos desarrollados en esta sentencia.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso que legisle delimitando el ámbito material de competencia en materia sancionadora de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y de la Contraloría General de la República, conforme a lo precisado en el fundamento 49 de la presente sentencia.
Por último, declaró infundada la demanda en lo demás y precisó que la sentencia "carece de efectos retroactivos sobre los procesos administrativos ya concluidos o que se encuentren con trámite ya iniciado".
El TC interpreta y concluye que la potestad sancionadora de la Contraloría se encuentra incuestionablemente limitada a las dos primeras funciones que el artículo 82 de la Constitución atribuye al organismo contralor; esto es, supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y la de las operaciones de la deuda pública.
