La jueza Soledad Barrueto Guerrero, titular de 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, expresó que si un policía o miembro de las Fuerzas Armadas suministra, comercializa o trafica armas de fuego y municiones, puede ser condenado entre doce y veinte años de pena privativa de la libertad.
Explicó que, en diciembre último, el Ejecutivo expidió el Decreto Legislativo 1616, el cual modifica el artículo 279-G del Código Penal que sanciona a quien, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder armas de fuego, municiones y accesorios.
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Precisó que cuando se trata de un policía o miembro de la Fuerza Armada, la referida norma establece márgenes que permiten sancionar con mayor drasticidad este tipo de conductas.
La magistrada expresó que este nuevo marco normativo establece penas más severas cuando el sujeto agente facilita o alquila las armas que son de propiedad del Estado.
Sostuvo, además, que este decreto precisa aspectos relacionados a lo que constituye en sí el uso de las armas por parte de organizaciones criminales.
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“También se sanciona a quienes actúan en calidad de líderes o que pertenecen a organizaciones criminales, y si los bienes son de propiedad del Estado, conductas que generan sanciones mucho más graves”, acotó Soledad Barrueto.
Finalmente, precisó: “En la legislación común se impone sanciones que podrían llevar a la cadena perpetua a quien desposee de armas o municiones a personas que realizan labores de protección policial o militar, y se cause lesiones o la muerte de terceras personas o de las mismas a quienes se desposee de las armas”, precisó.
