El Congreso presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de ampliación para interpretar el artículo 117 de la Constitución Política tras la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La ampliación de demanda se presentó en el marco del proceso competencial del Parlamento contra el Poder Judicial por la elección del defensor del Pueblo.
El documento, al que tuvo acceso el diario El Comercio, indica que, “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de derecho” el Congreso pide la “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117 de la Constitución.
El artículo 117 de la Carta Magna establece lo siguiente: “El presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
“Lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso de la República”, dijo el presidente del Legislativo, José Williams.
La hipótesis de la titular del Ministerio Público es que el mandatario lideraría una red criminal -enquistada en Palacio de Gobierno-, la cual se habría beneficiado de irregulares obras públicas.
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