El 10 de octubre de 2024, los ciudadanos vivieron un paro que paralizó la capital, comenzando con bloqueos en la Panamericana Norte por parte de transportistas y otras personas preocupadas por la creciente inseguridad en Perú.
A pesar de las afirmaciones del primer ministro Gustavo Adrianzén de que la ciudad se encontraba en calma, la realidad era otra: manifestantes denunciaban un aumento en la delincuencia y exigían la salida de miembros del Poder Ejecutivo.
Las cifras son alarmantes: 14 ataques a empresas de transporte, tres choferes asesinados y más de 14,220 denuncias de extorsión. Ante esto, la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao había convocado el paro, evidenciando un descontento generalizado. La situación se intensificó cuando la Defensoría del Pueblo reportó 157 conflictos activos, reflejando un clima de inestabilidad y descontento que podría escalar en Perú.
A medida que avanzaba la jornada, grupos de manifestantes se reunieron en el Centro de Lima, pidiendo la derogación de la Ley N.° 32108, en medio de enfrentamientos con efectivos de la Policía. La voz de la ciudadanía se hacía sentir, reflejando una indignación hacia un gobierno que, según ellos, no escucha sus demandas.
La protesta no solo involucró transportistas, sino que atrajo otros sectores, evidenciando un caldo de cultivo para futuras movilizaciones. El líder de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, anunció un paro indefinido, indicando que aumenta la tensión ante la falta de respuesta del Gobierno.
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