'ContraCorriente' obtuvo en exclusiva los documentos que revelaría que dos instituciones públicas, el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura, quienes rechazan tajantemente convenio y talleres por parte del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Se ponen al descubrimiento las capacitaciones fantasma de esta organización no gubernamental (ONG) a jueces y demás funcionarios del sistema de administración de justicia.
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Según los documentos oficiales emitidos por el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura señalan que nunca han recibido capacitaciones, talleres o cualquier tipo de evento académico por parte de IDL. Pues, en su propia declaración anual de actividades del año 2023, el IDL confirma su particular interés y plan de capacitación a operadores de la justicia, cuyo financiamiento costó $150,000.00, esponsoreado por la fundación estadounidense "Nia Tero".
Loreto, Arequipa, Lima e Ica, son las regiones escogidas para las capacitaciones samaritanas del IDL. En las propias publicaciones de la cuenta oficial del Poder Judicial, se evidencia los talleres organizados por la ONG que están orientados explícitamente, como lo mencionan "a reforzar el enfoque de derechos humanos en la administración de justicia y en los servicios que presta la institución".
Todo indicaría que se trata de una estrategia del IDL para 'catequizar' a jueces del Poder Judicial, sobre todo en lugares claves. Convencerlos de defender sus inconfesables intereses con dinero del extranjero que no se transparenta.
Asimismo, el doble discurso del IDL, la premiación a jueces por sus 'buenas prácticas', quienes se alinean a su ideología, los expone como profesionales intachables. Un ejemplo es el juez Edgar Tello de Iquitos, quien fue condecorado por IDL en 2022, pero 'ContraCorriente' lo expuso por manejar borracho reiteradas veces, querer atropellar a su pareja y gozar de total impunidad.
Esto incurriría en la falta de transparencia de los procesos de información pública y oficial, que pondría en evidencia el blindaje a estas actividades de inducción a jueves y fiscales desde hace más de 10 años.
Vale precisar que, en este mes, se aprobó el proyecto de ley que promueve las funciones de supervisión y fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), entidad supervisora de las ONGs, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
