La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, fue retirada de su cargo luego de que la Contraloría General de la República advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no presentó una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.
La resolución suprema 188-2022-JUS solo consigna que se da por concluida la designación de Caruajulca Quispe “por pérdida de confianza” y se le brinda “las gracias por los servicios prestados”.
La exfuncionaria fue nombrada el 25 de febrero de este año en reemplazo de Daniel Soria Luján, quien fue retirado del puesto tras presentar una denuncia ante la Fiscalía pidiendo que el presidente de la República, Pedro Castillo, sea investigado por el caso Puente Tarata.
El documento que retira a la ahora exprocuradora detalla que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado puede remover del cargo a titulares de organismos públicos “por causal de pérdida de confianza”, el mismo argumento que se utilizó para concluir con la designación de Soria Luján.
Además, en el mismo dispositivo se publica la resolución suprema 189-2022-JUS que designa a Javier Wilfredo León Mancisidor en reemplazo de María Caruajulca.
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