La Procuraduría General del Estado (PGE) vendrían siendo manchada por la representación como cabeza de institución por parte de María Caruajulca, quien estaría aprovechando su gestión para encubrir actos de corrupción.
Vale mencionar que Caruajulca Quispe había sido destituida de su cargo pero, por resolución judicial, regresó al puesto que inicialmente le otorgó el golpista Pedro Castillo.
La procuradora general del Estado tiene denuncias por desobediencia a la autoridad, ya que, en vez de ayudar a transparentes actos ilícitos, los estaría encubriendo en apelación a una presunta reserva en los procesos. Además de usar su cargo para archivar procesos judiciales en su contra.
Asimismo, es investigada por la Contraloría por no presentar su declaración jurada de intereses, precisamente cuando iba a asumir el cargo de procuradora general del Estado en el gobierno de Castillo Terrones.
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