El vocero legal de la empresa concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Luis Vargas Valdivia, aseguró este miércoles que las obras de la Estación Central (E-13) no se detendrán a pesar de la denuncia presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
El último martes, el Primer Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de hábeas corpus en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ositrán, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las empresas Metro de Lima Línea 2 S. A. y Consorcio EPC por el cierre de vías en el Cercado de Lima para dar inicio a las obras.
Vargas Valdivia señaló que la demanda de la Municipalidad de Lima carece de sustento legal y recordó que los trabajos se hacen al amparo de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2024.
"La demanda no podría paralizar la obra. En primer lugar, porque es una demanda de hábeas corpus, porque no se ha afectado el Estado de derecho y porque quien ha entregado la posesión de esos ambientes a la concesionaria ha sido el Estado peruano, el MTC y la ATU para realizar estas obras", dijo el funcionario en RPP.
El vocero indicó que, tras una serie de reuniones entre el MTC, la ATU y la MML a inicios de este año, la entidad edil presentó su propio plan de desvío el pasado 5 de febrero. El concesionario de la Línea 2 hizo suyo dicho plan para así poder iniciar los trabajos de construcción en este punto neurálgico de la capital.
Añadió que, desde entonces, no se han realizado observaciones por parte de la comuna y negó que la concesionaria recién haya enviado el plan de desvíos días antes de ponerse en marcha.
"El último viernes, 5 de julio, solo se reiteró las comunicaciones que ya se le habían brindado desde febrero. (…) El plan que nosotros acogimos y que estamos implementando pertenece a la Municipalidad de Lima. Lo que están haciendo es observar su propio plan", indicó.
Según la Municipalidad de Lima, la empresa encargada de la obra no firmó una garantía para la liberación de las vías en un plazo máximo de 13 meses, tal como se habría acordado entre la MML y el MTC el pasado 17 de junio.
Al respecto, Vargas precisó que este documento no existe y que "ya hay un contrato entre el Estado peruano y el concesionario que establece una serie de penalidades en caso de incumplimiento de determinados hitos".
