El presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, confirmó este miércoles que el Poder Ejecutivo no observará la ley que prescribe delitos de lesa humanidad aprobada por el Congreso el pasado 4 de julio.
"Desde el Ejecutivo se decidió no observarla y dejar que esto ocurra si así el Congreso lo considera pertinente. No la promulgó la presidenta y entonces será el Parlamento el que deba promulgarla, presumo yo que en los días próximos se produzca aquello", manifestó el premier en conferencia de prensa.
El primer ministro sostuvo que la norma aprobada por el Parlamento no promueva ninguna impunidad en contra de las víctimas de La Cantuta o Barrios Altos.
"La controversia radica en que lo señalado en el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad", explicó.
Adrianzén reiteró que las víctimas de Barrios Altos como Cantuta ya tienen una sentencia que se encuentra en etapa de ejecución y los acusados ya están siendo juzgados.
"Reitero que no hay impunidad. Lo que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicará desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003, yo ahí no veo dificultad mayor", sostuvo el jefe del Gabinete Ministerial.
Como se recuerda, con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
