El Gobierno aprobó en total un paquete de 50 decretos legislativos en el marco del plazo de las facultades otorgadas por el Congreso de la República. De ellos, la mayoría versaron sobre temas de seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la criminalidad.
El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, informó que se trata de un compromiso del Ejecutivo, el cual fue asumido con responsabilidad y pensando siempre en el bienestar integral de toda la población.
Indicó que otras seis normas se refieren a gestión del riesgo de desastres; siete sobre infraestructura social y calidad de proyectos; y una acerca de fortalecimiento de la gestión pública. En ese sentido, fue aprobada la modificación de 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal que datan en su mayor parte de hace 19 años.
Ello, para optimizar la investigación del delito, bajo la intervención de la PNP y el Ministerio Público en el ámbito de sus competencias. Así, se precisa que, en determinadas circunstancias, la Policía puede realizar, sin necesidad de disposición fiscal previa, las diligencias urgentes e inaplazables que formarán parte de las diligencias preliminares.
Del mismo modo, el Gabinete Ministerial actualizó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. De esa manera, los presidentes de los comités regionales, provinciales y distritales, en su respectiva jurisdicción, asumen responsabilidad expresa en el seguimiento de los acuerdos de sus respectivas instancias.
Fue aprobado también el proyecto legislativo que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, la cual ahora incorpora delitos aduaneros y contra los derechos intelectuales. Se modificó también el Código Penal, que ahora dicta que, si el autor de un delito actúa como integrante de una organización criminal, será reprimido con pena privativa de libertad hasta de 20 años.
Por otro lado, el Gobierno ha dispuesto cambios en la Ley de Carrera y Situación de Personal de la Policía Nacional del Perú. Así, se propuso la figura de reserva policial como fuerza de apoyo, que comprende al personal en retiro, en caso de escenarios de alta conflictividad o riesgo grave del orden interno, público o seguridad ciudadana.
De la igual forma, se realizaron modificaciones a la Ley de la PNP, que ahora concibe a la delincuencia en común, organizada y crimen organizado, y se votó a favor de fortalecer la función criminalística policial, reforzando su intervención a nivel de prevención e investigación del delito, administración de justicia y mejora en la prestación de servicios al ciudadano.
