El Ministerio Público señaló, a través de un comunicado, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y las Naciones Unidas respetan la necesidad de independencia de fiscales para la persecución del delito “sin intimidaciones ni injerencias”.
La Fiscalía indicó que la decisión de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y otros funcionarios cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos y “se fundamenta en el resultado de actos de investigación objetivos sobre la existencia de suficientes indicios que revelan la presunta comisión de delitos”.
“La denuncia constitucional presentada al Congreso se enmarca dentro de las atribuciones constitucionales de la Fiscalía de la Nación y el cumplimiento de los mandatos constitucionales de perseguir el delito y luchar contra la corrupción”, se lee en el pronunciamiento.
La institución de Patricia Benavides sostuvo que los fiscales conducen “las investigaciones con total objetividad, apego a la Constitución y con respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia sin ningún tipo de interés político, ideológico, económico ni mediático”.
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