Recientes revelaciones sacuden el gobierno de Dina Boluarte, al desvelarse una presunta red de tráfico de puestos de trabajo que pone en jaque a los familiares de la presidenta. Documentos y audios han surgido, exponiendo también la supuesta influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, en la asignación de empleos públicos a familiares y allegados.
Audios filtrados entre Maritza Sánchez, exasistente de la mandataria, y Nicanor muestran conversaciones en las que se menciona a su sobrina Victoria Dávila Boluarte. En uno de los materiales, Nicanor confirma que Victoria, durante la campaña electoral, estaba involucrada en un ministerio y sugiere que podría ser ubicada en un lugar más tranquilo si es necesario. "Toda la campaña en primera y segunda vuelta trabajó en el ministerio", dice el hermano presidencial.
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Además, un segundo audio revela a Víctor Torres hablando sobre la incorporación gradual de personas a un ministerio, mencionando que una de ellas es una sobrina de Nicanor Boluarte, Victoria Dávila. El reciente informe de la fiscalía, abierto bajo una carpeta fiscal, ha incluido a Victoria en la investigación por presuntas negociaciones incompatibles.
Una carpeta fiscal reciente, asimismo, pone bajo la lupa a Nicanor Boluarte y su familia, tras la apertura de una investigación que también incluye a Victoria Dávila.
De otro lado, un informe de Contraloría reveló que Yorka Gamarra Boluarte, otra sobrina de la presidenta, recibió consultorías en el Ministerio de Educación en 2021 por hasta 85 mil soles. Este documento muestra cómo Yorka y Nicanor trabajaron juntos, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia de las contrataciones.
Yorka Gamarra, conocida por su militancia de izquierda radical y su pasado político, fue candidata a vicepresidenta y congresista en el pasado. Aunque ahora evita usar su segundo apellido, el informe de Contraloría confirma su vinculación y el direccionamiento de su contratación.
Además de las sobrinas, el esposo de Yorka, Raúl del Castillo Altrista, también está en el centro de la controversia. Del Castillo, anteriormente asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, ha sido vinculado con Roberto Sánchez y la bancada de Juntos por el Perú. Su cercanía con Sánchez y su posterior empleo en el Congreso generan sospechas sobre la influencia y los beneficios que recibió.
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