La presidenta de la República, Dina Boluarte, está en el centro de una controversia tras revelarse posibles desbalances patrimoniales en sus cuentas bancarias. Las acusaciones han sido respaldadas por informes de la Contraloría y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), lo que ha demandado una serie de investigaciones para esclarecer la procedencia de sus fondos.
El contralor Nelson Shack ha afirmado que Boluarte posee más cuentas en el sistema financiero nacional de las que ha declarado. Según Shack, hay indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, lo que motiva la apertura de una investigación adicional comunicada a la presidenta el 1 de julio.
El informe de la Superintendencia de Banca y Seguros detalla que, entre 2016 y agosto de 2022, Boluarte registró ingresos de sus cuentas del Banco de Crédito del Perú mediante 665 depósitos en efectivo, por un total de 1 millón 97 mil 200 soles y 2 mil 200 dólares. El 64 % de estos ingresos no tendría justificación económica que los respalde.
Una cuenta del Banco Interamericano de Finanzas pasó de tener 46 mil soles en 2021 hasta 382 mil 600 soles en 2023.
Freddy Hinojosa, vocero presidencial, ha desmentido las acusaciones, afirmando que la Contraloría no señaló un desbalance patrimonial y que algunos montos son irrelevantes. No obstante, la Contraloría insiste en que hay razones suficientes para continuar con la investigación.
La abogada penalista Romy Chang explica que el delito de enriquecimiento ilícito, de ser probado, podría conllevar una pena de 10 a 15 años de prisión. Este caso podría escalar al Ministerio Público si la mandataria no logra justificar sus ingresos.
El informe vence el 24 de julio y, al respecto, Boluarte se mantiene en silencio ante las acusaciones. La investigación preliminar determinará si hubo enriquecimiento ilícito.
