La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los 49 ciudadanos muertos durante las protestas que se suscitaron en su contra al asumir el mandato.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) impusieron esta querella contra la jefa de Estado, por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Ambas organizaciones sostuvieron una reunión con la Fiscalía de la CPI para presentarle las evidencias de los asesinatos e intentos del mismo durante las protestas.
En el documento presentado, se detalla con informes que especifican las causas de los decesos y los patrones de lesiones que precisan como ataques sistemáticos.
Además, apuntaron contra los militares y policías que hicieron uso desproporcionado de la fuerza, que mencionan fue, en su mayoría, contra "hombres jóvenes e indígenas".
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Por esto, la Aprodeh y FIDH señalan que el Gobierno de Dina Boluarte infringió en los crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma.
Finalmente, solicitan que, al comentar amenazas por parte del Ministerio Público, esta organización internacional comienza con las indagaciones para dar con lo sucedido en estas protestas entre diciembre de 2022 e inicios de 2023.
