En un contexto de descontento social, la gestión de Dina Boluarte afronta duras críticas por su inacción ante la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta al Perú.
La reciente intervención de ciudadanos en el Jirón de la Unión expone un sentimiento de indignación generalizada, acusándola de ser una "genocida" y "títere de los corruptos". Los manifestantes, además, exigen la renuncia de la mandataria, denunciando al mismo tiempo un aumento alarmante en el número de asaltos y crímenes, incluyendo el asesinato de conductores de transporte público por extorsiones.
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A pesar de los intentos del ministro del Interior, Juan José Santivañez, de minimizar la situación al compararla con la criminalidad en otros países de la región, la población percibe su ineficacia. Las muertes violentas han desbordado los niveles de tolerancia y la respuesta gubernamental ha sido calificada de "fallida", principalmente en Lima y Callao.
En Gamarra, un importante centro comercial, los emprendedores claman por el cese de las extorsiones que han llevado al cierre de varios de negocios.
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Mientras la nación se encuentra en una encrucijada, la presión para que el gobierno actúe se intensifica, con voces que exigen nuevas elecciones y el fin de lo que consideran un "desgobierno".
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