A raíz de los casos de los casos de Katherine Gómez y del serenazgo del distrito de Surco, ambos asesinados por venezolanos, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece la expulsión del país de aquellos extranjeros que incurran en actividades delictivas.

El dictamen modifica el Código Penal y el decreto legislativo 1350 y señala que esta expulsión puede darse durante o después del cumplimiento de la sentencia o tras el otorgamiento de algún beneficio penitenciario. Se indica también que la persona expulsada no podrá volver a ingresar a territorio peruano.

El grupo de trabajo que preside Américo Gonza (Perú Libre) también dictaminó favorablemente modificaciones al Código Penal y al Código de Ejecución Penal a fin de que los reclusos de los establecimientos penitenciarios trabajen de manera obligatoria.

El producto de dicha labor costeará los gastos integrales de su permanencia en el establecimiento penal; así como el pago de la reparación civil que se le ha impuesto al reo. Financiará, asimismo, la pensión alimenticia a la que el interno estuviera sujeto y, de darse las condiciones, a formar un fondo financiero propio.

Otra iniciativa dictaminada por la Comisión de Justicia busca incorporar a los internos de los establecimientos penitenciarios a la educación superior universitaria. De otro lado, el proyecto con el que se busca crear la Comisión Especial Multisectorial para indemnizar a los deudos de las víctimas y a quienes resultaron lesionados en las protestas iniciadas el 7 de diciembre del 2022, pasó a un cuarto intermedio.