El Pleno del Congreso aprobó, 61 votos a favor, 5 votos en contra y 13 abstenciones, la denuncia constitucional contra el exministro de Educación Daniel Alfaro por la inclusión de links con contenido sexual explícito en los textos escolares.
Se acusa a Alfaro por ser presunto autor del delito contra la administración pública, y por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado.
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El expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones.
Durante el debate, el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) sostuvo que tomaba “la palabra en nombre de siete millones de estudiantes de las escuelas públicas y sus padres de familia, que piden que se sancionen a los funcionarios que permitieron que se distribuyan textos con enlaces pornográficos e inapropiados”.
Inmediatamente, Jorge Montoya (Renovación Popular) señaló que la justicia tarda, pero llega, y ese es el caso de “un funcionario que ha utilizado la función pública para infiltrar los contenidos educativos con enfoques e ideologías ajenas a nuestra realidad”.
Por su parte, Edwin Martínez (no agrupado) manifestó que debe respetarse el desarrollo de la vida de nuestros hijos y “no podemos meter sexualidad cuando no están preparados, y esa tarea es de nosotros los padres”.
Más adelante, Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) se sumó a estas críticas y se preguntó “¿cómo es posible haber tenido un ministro de esa calaña?”.
“Quiero decir que justicia que tarda no es justicia, este es el momento de sancionar para que no vuelvan a suceder estos atropellos contra nuestros niños”, expresó.