Este martes, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen –de reforma constitucional– para que los jefes de los organismos que componen el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) puedan ser sometidos a los procedimientos de juicio político y antejuicio, por medio de una acusación constitucional en el Congreso.
El referido dictamen recibió luz verde al registrarse 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones.
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De esta forma, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como los máximos representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), podrán ser sometidos, a criterio del Parlamento, a inhabilitaciones por infracción a la Constitución y a procesos penales ante la Corte Suprema.
El respaldo en conjunto provino de Fuerza Popular (5), Alianza para el Progreso (2), Renovación Popular (2), Acción Popular (2), Podemos Perú (2), Avanza País (1), Somos Perú (1) y la no agrupada Maricarmen Alva.
La iniciativa fue defendida por la titular de dicha comisión, Martha Moyano, quien detalló que la misma recogía propuestas de seis proyectos de ley y que respondía a una exhortación hecha por el Tribunal Constitucional para que los involucrados sean pasibles de acusaciones constitucionales.
Ahora, la reforma pasará al Pleno del Congreso, por lo que requiere ser aprobada en dos legislaturas con un mínimo de 87 votos o ser admitida por mayoría simple con una posterior ratificación, a través de un referéndum.
