Este lunes, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) ejecutaron la 'Operación Valkiria V', un megaoperativo que alcanza para la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, y tres personas que se desempeñaron como asesores suyos.
De acuerdo con la tesis fiscal, el caso también involucra al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y varios congresistas de la República.
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Se sostiene que, además de Benavides, Jaime Villanueva, Miguel Angel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza conformarían una supuesta organización criminal que habría "instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio".
¿CÓMO HABRÍA OPERADO ESTA SUPUESTA RED CRIMINAL?
Según el Equipo Especial de la PNP, en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta presunta red criminal se movería en tres ejes.
En primer lugar, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de parlamentarios para que destituyan miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por medio de un procedimiento constitucional. Ello, porque Patricia Benavides es investigada por dicho organismo y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de legisladores.
En segundo lugar, habrían influido en el nombramiento de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar nuevos miembros de la JNJ, con la finalidad de que Benavides permaneza en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público.
Finalmente, habrían promovido la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mediante un proceso constitucional en el Congreso.
