Este martes se conoció que la validez de los testimonios de los exdirectivos de la corrupta empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, en el juicio oral contra Ollanta Humala y otros, se definirá el próximo lunes 4 de setiembre.
Esta medida fue anunciada por la jueza del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Nayko Coronado, durante el juicio oral que se le sigue al expresidente por el delito de lavado de activos.
La magistrada precisó que la audiencia programada para las 9:00 horas se desarrollará de manera presencial en el edificio del Poder Judicial "Carlos Zavala", ubicado al costado del Palacio de Justicia.
"Téngase presente y en todo caso a conocimiento de las partes o los sujetos procesales correspondientes para verificarse lo que corresponda en la sesión de convocatoria de los testigos brasileños programada por este despacho para el 4 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas", manifestó Nayko Coronado.
Asimismo, precisó que en dicha audiencia se escucharán los pronunciamientos de las partes procesales, tomando en cuenta la información enviada por la justicia brasileña.
MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE HUMALA
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil prohibió cautelarmente que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, exejecutivos de la corrupta constructora Odebrecht, declaren en el juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por lavado de activos.
Odebrecht y Barata no podrán referirse a las pruebas vinculadas a los servidores encriptados MyWebDay y Drousys, que contienen la contabilidad paralela y las comunicaciones interna de la empresa brasileña, dado que dicho tribunal las ha declarado inválidas para el caso de la expareja presidencial.
TESIS FISCAL
De acuerdo a la tesis fiscal, a Ollanta Humala y Nadine Heredia se les atribuye dicho delito por supuestamente haber recibido dinero proveniente de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña 2011.
Otra de las tres acusaciones está referida al financiamiento de la campaña electoral del año 2006 y un presunto apoyo del gobierno venezolano mediante el envío de personas de confianza del entonces mandatario Hugo Chávez, entre ellos: agregados militares y diplomáticos que supuestamente entregaron el dinero a Heredia Alarcón.
