Dos informes de la Contraloría concluyen que sí hubo direccionamiento en las compras a favor de la empresa Aionia. Por lo cual, se abrió una investigación fiscal y el pago de 41 millones por la compra de pruebas rápidas quedó detenido.

Llamó la atención el "Memorándum número 4570", dirigido por José Elías Mantilla Villegas, gerente central de asesoría jurídica, en donde se adjunta el informe recomendado para iniciar la acción de conciliación extrajudicial sobre el laudo arbitral con la empresa Aionia Tecnology Corporation.

El primer laudo que falla a favor de la empresa Aionia para el pago de los 41 millones de soles fue emitido el 7 de diciembre del 2022. Algunos buenos funcionarios en EsSalud hicieron muy bien su trabajo y adjuntaron pruebas que confirmarían no solo la demora en la entrega de los lotes por la compañía, sino también la baja calidad de ellas.

En el expediente de defensa que consignó EsSalud se puede leer por lo menos dos informes especiales adjuntados. En el numeral 4.26 se lee cómo en octubre del 2020 el Instituto Nacional de Salud emite el informe 1025, por el cual alega que las pruebas entregadas por Aionia no cumplían con las especificaciones técnicas. 

En la siguiente hoja del mismo expediente, en el numeral 4.31, se lee cómo Digemid, mediante el oficio número 426-2021 tuvo que, por medida de seguridad sanitaria, inmovilizar inmediatamente a nivel nacional las pruebas rápidas de Aionia, realizar el retiro del mercado y la destrucción total de todo un lote de las mismas pruebas adquiridas por EsSalud.

Todas estas informaciones fueron establecidas en un informe de control posterior en donde se establece responsabilidad administrativa y penal contra 9 funcionarios.

Informes de Contraloría, que junto a los anteriores suman 4 en el expediente, daban luces de las irregularidades en la compra y las deficiencias en las pruebas adquiridas por EsSalud en el 2020, en medio de una emergencia sanitaria que cobró la vida de 225 mil de peruanos.