El Congreso de la República solicitó al Tribunal Constitucional (TC) dejar sin efecto la sentencia del Poder Judicial que ordenó anular el proceso de destitución por causa grave contra los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo con el oficio remitido por el procurador del Parlamento, Manuel Peña, al presidente del TC, Francisco Morales, la decisión de la Tercera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial vulnera lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso competencial contra el Poder Judicial vinculado a la elección del defensor del Pueblo.
"La emisión de esta sentencia, y lo decidido en ella, significan la concretización de un evidente acto de contravención a lo ordenado por el Tribunal Constitucional en el Pleno Sentencia (…) con fecha 23 de febrero del 2023 y, además, implica la vulneración del artículo 112 del Nuevo Código Procesal Constitucional al desconocer los efectos vinculantes y oponibles de la sentencia emitida por el (TC)", reza el documento.
El Parlamento pidió que, en ejecución de la sentencia emitida en el proceso competencial, se disponga la inmediata nulidad de la sentencia del Poder Judicial por “contravenir flagrante y expresamente el fallo constitucional, su autoridad de cosa juzgada constitucional y por constituir una clara vulneración a la interpretación constitucional dispuesta por el propio TC”.
"En los hechos, dicha sentencia de la Corte Superior ha depuesto, subrogado y anulado la sentencia competencial del Tribunal Constitucional", añade el oficio.
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PJ BLINDA A JNJ
Días atrás, la Tercera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial decidió anular la investigación que inició la Comisión de Justicia del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con miras a su destitución por causa grave.
En la resolución emitida el 11 de diciembre de 2023, se especifica que los legisladores no tipificaron las faltas graves que habrían cometido los siete miembros de la JNJ para pretender destituirlos.
“Las imputaciones o cargos que le formularon a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la finalidad de ser removidos en sus cargos, no obedecieron a conductas u omisiones que se encontraban tipificadas como “causa grave”, sino más bien a la amplia discrecionalidad de los Congresistas de la República, es evidente que existió una afectación-léase amenaza, directa a esta esa garantía de la inamovilidad, y con ello, a la independencia”, señala el documento.
