El Gobierno de Colombia declaró la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país.
"Acabamos de aprobar por unanimidad en el consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la declaratoria de emergencia carcelaria", dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La medida tiene dos finalidades: Proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles, y erradicar completamente la extorsión y la corrupción que provengan de las cárceles.
La declaratoria se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Inpec, de la cual el hecho más reciente es el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado el sábado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
El director del Inpec explicó que ahora se podrá restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas como 'La Inmaculada', que el fin de semana desató el terror en Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca.
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El ministro Osuna explicó que se dispondrá de dinero para comprar equipos bloqueadores de la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar e incluso planear otras acciones criminales.
Adicionalmente, se seguirán haciendo allanamientos y requisas sorpresivas en las cárceles y se trasladarán presos de los que se sospecha están delinquiendo desde las cárceles.
Lo que se busca al bloquear las señales es que los reclusos no puedan "comunicarse fácilmente ni establecer ningún lazo con la guardia penitenciaria ni con personas desde la cercanía de la cárcel", explicó Osuna.