El presidente del Congreso, Alejandro Soto, compró en el 2015 un inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo. Años antes, en el 2012, vendió por 265 mil dólares a la empresa Waynapicchu un terreno que había adquirido por solo mil dólares; hecho que le valió una denuncia por presunta estafa.

La República accedió a la partida registral en donde se revela que el espacio no fue pagado por una hipoteca. Es por ello que se presume que el monto obtenido por la compañía se utilizó en la compra de la lujosa vivienda. 

El ahora titular de la Mesa Directiva era asesor legal de Waynapicchu y, a pesar de ello, realizó una sobrevaloración del precio y el área del predio. Se hizo pasar 640.61 metros cuadrado como 879.90 metros cuadrados, según una memoria descriptiva oficial.

Por tal motivo, la compañía denunció a Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica. La Fiscalía solicitaba una pena privativa de la libertad de 8 años y 8 meses. Sin embargo, se benefició de la Ley 31751, que reduce la suspensión de la prescripción a un año. 

El abogado de la empresa Waynapicchu, el doctor Darwin Urquizo, pidió el último lunes al juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la instalación del juicio oral sobre la reparación civil por 323.829,87 soles.