En cumplimiento de su función de control y fiscalización, la Comisión de Presupuesto demandó a la Contraloría iniciar acciones de control inmediata a los gobiernos regionales de Piura y Lambayeque.
Ello, tras la inasistencia de los gobernadores regionales de Piura, Luis Enrique Neyra León, y de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, a citación de la Comisión de Presupuesto, para exponer ante la comisión, presidida por José Luna Gálvez, para sustentar la ejecución presupuestal de su presupuesto en el primer trimestre del año, tal como lo determina la Ley de Presupuesto de Año Fiscal 2023.
La acción del ente contralor deberá centrarse en la ejecución del Programa 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; así como al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres (Fondes), y las transferencias y otras operaciones presupuestales ejecutadas hacia los gobiernos regionales y locales para emergencia y atención de desastre.
“Esta Comisión viene realizando sus funciones de control y fiscalización de la ejecución del presupuesto de las Entidades del Sector Público; y mediante la Ley 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, y sus modificatorias, se han asignado recursos presupuestarios para fortalecer la lucha contra la corrupción en las acciones del Estado”, indica el documento suscrito por el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez.
En el oficio 2296-2022-2023-CPCGR/JLLG-CR, remitido a la Contraloría, el titular de la Comisión de Presupuesto indica que los resultados de la acción de control deben ser comunicados e informados a la comisión en un plazo máximo de 30 días calendario, detallando las observaciones, responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control conforme lo establece la Ley 31288, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.
"La transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado, y en especial la información financiera y presupuestal, es un objetivo para el fortalecimiento de la capacidad de la lucha del Estado frente a los actos de corrupción; por lo que la reiterada negativa del Gobierno Regional de Piura y Lambayeque a brindar dicha información, debilita la capacidad del Estado en su lucha contra la corrupción", subraya el documento.
