El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que su participación en la política, puntualmente como burgomaestre, se da por la necesidad de "desterrar" la corrupción.
Así lo resaltó en un artículo de opinión, en el que remarcó que "los peruanos de bien exigen que las organizaciones criminales, tipo Odebrecht y OAS, sean expulsadas y no operen más en nuestro país".
En su texto, el primer vecino de la capital recordó que "la exalcaldesa Susana Villarán y sus dos gerentes municipales, sentenciados por corrupción, han reconocido públicamente haber recibido coimas para entregar las casetas de peaje de Emape a Odebrecht y pactar un incremento irracional del precio de los peajes".
Ello, denunció, afecta varios millones de limeños que viven en zonas vulnerables. "Están obligados a pagar peajes por salir y entrar a sus casas", lamentó en su artículo, publicado en El Comercio.
En esa línea, la autoridad edil puntualizó que la Municipalidad de Lima "está impedida, por su propio marco jurídico, mantener vínculos contractuales, ya sean directos o indirectos, con empresas sentenciadas por corrupción, local e internacionalmente, como es el caso de la organización criminal Odebrecht".
Por otra parte, López Aliaga reveló que varias "empresas constructoras nacionales e internacionales honestas han decidido no participar como inversionistas ni competir en concursos para realizar obras públicas en el país por la nefasta presencia de Odebrecht y otras compañías brasileñas y peruanas corruptas".
