En la región de Loreto, algunas oenegés están detrás de una serie de denuncias infundadas contra comunidades nativas que gestionan centros de manejo de especies protegidas y en peligro de extinción, en la reserva nacional Pacaya Samiria y otras áreas. Estas acusaciones incluyen delitos graves como depredación de bosques, tráfico de fauna, lavado de activos, evasión de impuestos y crimen organizado. A menudo, estas denuncias han sido interpuestas de manera anónima y sin pruebas sustanciales.
Uno de los casos más destacados involucra a la dirigente nativa loretana Milagros Ferreyra Ahuacani. A pesar de que las acusaciones de lavado de activos y tráfico de fauna fueron archivadas por falta de pruebas, y un juez ha actuado de manera cuestionable en el caso de extinción de dominio, la situación de las comunidades sigue siendo crítica.
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La denuncia de extinción de dominio, dictada por el juez Edgar Ramón Guillén Vallejo, ha llevado a la incautación de bienes de Ferreyra y la intervención de propiedades nativas, a pesar de que estas deberían ser intangibles por ley.
El abogado Ricardo Mellares señala que la alerta inicial surgió por tres delitos: lavado de activos, tráfico de fauna y evasión de impuestos. Mientras que los primeros dos delitos han sido sobreseídos o archivados, el tema de evasión de impuestos es cuestionado por su falta de fundamento. El juez Guillén Vallejo, quien tiene vínculos con oenegés denunciadas, ha sido objeto de investigaciones por la Oficina de Control Interno del Poder Judicial.
Varios letrados critican el comportamiento de los jueces y fiscales involucrados, sugiriendo que sus decisiones están influenciadas por intereses ideológicos y económicos. Según los especialistas, las oenegés buscan obtener concesiones para grandes extensiones de tierras amazónicas, beneficiándose a través de la venta de bonos de carbono.
El próximo 14 de agosto, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, con sede en Trujillo, resolverá la apelación presentada por las comunidades nativas. Los jueces Carlos Falla Salas, Eliseo Taboada Pilco y Jorge Rojas Cruz deberán decidir el destino de las mismas.
