El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por la ex defensora del Pueblo, contra la reforma universitaria.
Este recurso fue presentado contra los artículos 1 y 3 de la ley que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.
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En el caso del artículo 1, el órgano jurisdiccional argumentó su rechazo al señalar que esta reforma no obstruye el "adecuado ejercicio del derecho de acceso a la educación universitaria de calidad".
Mientras que, respecto al artículo 3, señaló que "no contraviene los mandatos glosados supra, establecidos como obligatorios para el Estado, en el ámbito de la garantía del derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad".
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Asimismo, exhortó al Poder Legislativo que "respete el principio de progresividad y no regresividad en la inversión pública para la garantía del derecho a la educación, en cuanto al deber de diseñar e implementar mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o fomenten la mejora de la calidad del servicio educativo".
