En Pucallpa, una creciente polémica surgió en torno al Instituto de Defensa Legal (IDL), oenegé acusada nuevamente por líderes de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya de hostigamiento, amenazas y coacción.
A pesar de que IDL se presenta como defensora de los derechos humanos, las comunidades nativas aseguran que la organización está impidiendo su desarrollo.
Las comunidades originarias han presentado denuncias contra IDL por presuntas prácticas coercitivas y obstruccionistas. Según los líderes indígenas, IDL y su abogado Carlos Rivera Paz han realizado interrogatorios extensos y hostiles, que han dificultado la capacidad de los apus para defender sus derechos y avanzar en sus proyectos. Estas denuncias se han visto complicadas por la barrera lingüística, ya que muchas de las preguntas se realizan en español, mientras que los líderes comunales hablan en shipibo.
Un líder comunitario informó que fue presionado para denunciar a empresas locales bajo amenaza de que su propio trabajo y reputación serían dañados. Esta presión provendría de Linda Vigo Escalante, una abogada vinculada al IDL, quien también enfrenta acusaciones de lavado de activos.
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