En el desierto de Lambayeque, una disputa de grandes dimensiones enfrenta dos familias prominentes de Lima: Cerro Prieto y Aspíllaga.
La Agrícola Cerro Prieto, que adquirió 6 mil hectáreas de tierras agrícolas en 1999, enfrenta un desafío. Años después, descubrieron que estas tierras aún figuraban con nombre de los Aspíllaga, quienes habían recuperado su propiedad tras una confiscación durante la reforma agraria en 1969.
Cerro Prieto, que invirtió 500 millones de dólares en el desarrollo de estos terrenos, se encontró en una encrucijada cuando en 2009 los Aspíllaga revendicaron su propiedad, resultando en una batalla judicial que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, con casi siete resoluciones emitidas, pero sin una solución definitiva.
El Estado propuso una alternativa: transferir la parte agrícola a Cerro Prieto e indemnizar a los Aspíllaga con 200 millones de dólares, aproximadamente, un gasto que sería cubierto por los impuestos de todos los peruanos.
Esta propuesta, sin embargo, no ha puesto fin al conflicto. Los Aspíllaga buscan recuperar la tierra completa, mientras que Cerro Prieto depende del uso del agua, esencial para sus cultivos, que proviene de un sistema de tuberías en terrenos reclamados por los Aspíllaga.
