El Poder Judicial (PJ) desestimó, en segunda instancia, la demanda de amparo presentada por el vacado exmandatario Martín Vizcarra, con la cual buscaba anular la inhabilitación de 10 años impuesta por el Congreso. Esta medida le fue aplicada tras haberse vacunado irregularmente contra la COVID-19 en octubre de 2020, durante su mandato como presidente de la República.
Por mayoría, la Primera Sala Constitucional de Lima confirmó la sentencia emitida en marzo por la jueza Rocío Rabines Briceño, quien declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Vizcarra.
La defensa del expresidente había argumentado que la inhabilitación vulneraba su derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales y su derecho de participar en la vida política del país. Sin embargo, el tribunal rechazó los alegatos, considerando que no se evidenciaron actos que afectan sus derechos constitucionales.
En una resolución del 20 de agosto, la Primera Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión anterior en todos sus extremos, señalando que los argumentos presentados no estaban directamente relacionados con la protección constitucional de los derechos invocados, incurriendo así en una causal de improcedencia prevista en el nuevo Código Procesal Constitucional.
En otro fallo adverso para Vizcarra, se rechazó nuevamente su solicitud de archivar las acusaciones de cohecho pasivo propio que la Fiscalía le imputa en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
