La ley de extinción de dominio, destinada a combatir el crimen organizado y la corrupción, viene siendo ampliamente criticada por su aplicación abusiva y desproporcionada.
Esta norma, respaldada por un decreto legislativo, permite al Estado de Perú incautar bienes, incluso antes de concluir un proceso penal, afectando gravemente a los propietarios.
Casos recientes revelan cómo esta ley puede llevar a la confiscación arbitraria de vehículos y propiedades. Por ejemplo, un bus de la empresa Crucero Internacional, incautado por llevar cajas sin ticket, sigue retenido a pesar de demostrar la falta de responsabilidad del vehículo en el contrabando. Hoy, la empresa enfrenta dificultades económicas debido a la deuda del préstamo del bus, ahora en custodia del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y asignado a una universidad pública.
De manera similar, un camión de Transportes Vía fue incautado por transportar bananos con supuesta procedencia ecuatoriana. Aunque se probaron los documentos legales de la carga, el vehículo, valorizado en 150 mil dólares, sigue bajo control estatal sin pruebas concluyentes de contrabando.
En los últimos cuatro años, Pronabi incautó 2801 bienes, con sólo el 1 % regresando a sus dueños, evidenciando la ineficacia y arbitrariedad del proceso.
Los críticos denuncian que la ley no respeta principios básicos del derecho, como la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que exigen una reforma legislativa que limite su aplicación.
La ley de extinción de dominio sigue generando descontento entre los afectados, quienes exhortan una revisión urgente para evitar más abusos.
