El futuro político y legal del presidente Pedro Castillo está en manos del Congreso de la República y también de 30 millones de peruanos.
Tras un arduo trabajo de investigación, la tarde del martes 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante el Parlamento y, a través de un pronunciamiento oficial, calificó al mandatario como líder una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.
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La denuncia constitucional está sustentada en 378 páginas documentadas con evidencias y pruebas aportadas por 6 colaboradores eficaces, 2 testigos protegidos, 29 testimonios de autoridades, como exministros, audios, transferencias bancarias, mensajes Whatsapp.
En la denuncia, también han sido incluidos Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia, y Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como presuntos miembros de una organización criminal, cuyo líder sería Pedro Castillo Terrones.
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Parece que las detenciones preliminares de quienes serían los integrantes del gabinete en la sombra, los allanamientos en las oficinas de 6 congresistas sindicados de ser cómplices del mandatario y la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, ha puesto muy nerviosos a los inquilinos de la Casa Pizarro.
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