Patricia Benavides, fiscal de la Nación, actualmente suspendida, deberá de entregar de manera voluntaria cualquier tipo de dispositivo móvil que emplee, en el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza.
Esto, como parte de la investigación preliminar que se le viene realizando a raíz de sus supuestos vínculos con una organización criminal.
Respecto a esta medida, la defensa legal de la funcionaria le solicitó al Ministerio Público detallar la información que necesitan y por la cual están requiriendo los equipos telefónicos.
Según los abogados de Benavides, las precisiones que piden sirven para evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de su patrocinada y para que cese la violación del debido proceso y del derecho a la defensa.
No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró como infundada la petición en cuestión, pues esta fue presentada de manera extemporánea.
