El pasado domingo, 21 de abril, la psicóloga y activista Ana Estrada falleció tras someterse al procedimiento médico de eutanasia.
De acuerdo con un comunicado, Estrada "ejerció su derecho a una muerte digna", para luego "acceder a la eutanasia".
"Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final", se lee en la misiva, difundida en redes sociales.
Estrada venía abogando por la muerte asistida desde 2019, dado que padecía una enfermedad incurable y degenerativa: polimiositis.
A raíz de este grave mal, que debilitaba sus músculos y la obligaba mantenerse conectada en un respirador artificial, la mujer se mantuvo postrada en una cama, donde recibía la atención de enfermeras las 24 horas del día.
"Ana partió agradecida con todas las personas que hicieron eco de su voz, que la acompañaron en su lucha y que, de manera incondicional, apoyaron su decisión con amor y empatía. De manera particular, agradeció a los funcionarios públicos que integraron en su momento la Defensoría del Pueblo y la defendieron cuando la institución patrocinó su caso", anotan.
Según lo descrito, el procedimiento médico se realizó en concordancia con el "Plan y Protocolo de Muerte Digna", aprobado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), el cual fue aplicable en ella. Ello, en el marco de la sentencia en su favor, emitida el 23 de febrero de 2021, y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio de 2022.
"El caso de Ana permitió que la justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad. Este importante precedente permitió que otras personas, como María Benito, pudieran tener reconocido su derecho a rechazar los tratamientos médicos que la mantienen en vida, para también tener una muerte digna", subrayan en otro párrafo.
