La Junta Nacional de Justicia (JNJ) está de vuelta, y lo hace con artillería pesada. Dicho grupo, que siempre intenta guardar las formas, esta semana decidió mostrar todas sus cartas.
Buscaron una medida cautelar en el Poder Judicial favorable para sus intereses personales y elevaron el nivel de enfrentamiento con el Parlamento. 'ContraCorriente' brinda todos los detalles de "un día de miércoles" para el país.
Una resolución de una Sala Constitucional de una Corte de Lima ha levantado cuestionamientos, sospechas y más enfrentamiento entre el Congreso y la JNJ.
¿Cuáles son los puntos de esta medida cautelar que tiene atado de pies y manos al Legislativo? En primer lugar, el Congreso no podrá realizar ninguna sesión plenaria para votar la destitución total o parcial de la JNJ. En segundo lugar, se suspenden todas las imputaciones contra la JNJ. En tercer lugar, y la más polémica, se omite el último fallo sobre las acciones de amparo contra las funciones del Congreso, emitido por el máximo órgano de control constitucional en este país, el Tribunal Constitucional.
LA JUNTA LO HIZO OTRA VEZ
El último miércoles 8 de noviembre, se programó un pleno extraordinario en el Congreso. En la agenda solo había un punto: someter votación la propuesta de remoción de todos los miembros de la JNJ, según dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia. El despertar fue duro. La JNJ los esperaba con una medida cautelar expedida por los vocales Iván Alfredo Cabrera Giurisich, Nestor Paredes Flores y José Luis Velarde Acosta, miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte de Lima.
La frustración y el descontento de los congresistas era evidente esa mañana. No se tocaría el tema hasta que llegue la solución jurídica. La JNJ lo hizo otra vez.
Según información de la propia JNJ, dos magistrados, José Velarde e Iván Cabrera, esperan la ratificación de sus puestos como jueces superiores. Un grave conflicto de intereses que pudo evitarse, dado que es casi imposible decir no al evaluador. De parte de los jueces, la inhibición ni siquiera se planteó como opción de decoro.
Lo que sí fue efectivo, fue la investigación preliminar iniciada por el Ministerio Público contra los tres jueces: abuso de autoridad y prevaricato ya son parte del currículum de estos magistrados que, en tiempo récord, emitieron una medida cautelar en favor de la JNJ, y que han citado para este 24 de noviembre al procurador del Congreso para ver la causa
Pero no es la única leguleyada que tendría que explicar la JNJ. La Junta también se da el lujo de contratar al asesor de confianza de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos. Sí, la actualmente investigada por la JNJ y quien es defendida en polémicos comunicados, tiene a su asesor de mucha confianza dando servicios en el organismo que la evaluará.
De acuerdo con esta orden de servicio, que obtuvo 'ContraCorriente', Roberto Carlos Vílchez Limay, de 33 años, le cobra a la JNJ S/ 20 mil por dar el servicio de evaluador y fue contratado de la misma manera que en la Fiscalía en tiempos de Zoraida Ávalos, es decir, a dedo.
Pero el dinero de la JNJ da para más y han decidido capear la tempestad de críticas y huidas a no dar cuentas al Congreso contratando una especialista en Comunicaciones. La JNJ acaba de contratar a Blanca Rosales, asesora de la pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, e investigada por Contraloría y Ministerio Público por malos manejos con el presupuesto de la publicidad estatal en la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, donde fue la jefaza los 5 años del gobierno conyugal.
Según este reporte oficial, ahora Rosales le cobra S/ 30 mil a la JNJ por la campaña comunicacional de los siete miembros de la Junta.
En los próximos días se conocerá el destino de la JNJ que, por ahora, ha salido bien librada a punta acciones de amparo.
