La Fiscalía de Bolivia presentó una acusación formal en contra de la expresidenta de este país, Jeanine Áñez, por las muertes registradas en las protestas postelectorales del año 2019.
El fiscal general, Juan Lanchipa, solicitó 30 años de prisión para la exmandataria, por el presunto delito de genocidio.
Lanchipa remitió una lista de acusados por los más de 30 fallecidos en los enfrentamientos que acontecieron en las masivas manifestaciones sociales, ocurridas en las localidades andinas de Sacaba y Senkata.
Además de Áñez, son señalados como responsables varios de sus excolaboradores y exjefes militares y policiales.
De acuerdo con la tesis fiscal, efectivos hicieron "uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil".
Después de las protestas desatadas cuando salió Evo Morales del poder en 2019, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió como presidenta interina y dirigió el país hasta la victoria de Luis Arce en las elecciones de 2020.
Añez, de 56 años, fue condenada el año pasado con 10 años de cárcel, tras ser declarada culpable de promover un "golpe de Estado" contra el gobierno del izquierdista Morales.