El dominical 'ContraCorriente' reveló que una amiga con suerte de los cuestionados hermanos Cerrón Rojas ocupa un cargo público que le cuesta al Perú, sorprendentemente, más de S/ 12 mil mensuales.
Se trata de Natalia Jiménez, la cercana al sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien fue contratada por su hermano, el congresista Waldemar, como su principal asesora sin tener el perfil profesional necesario para el puesto y luego de visitarlo en su oficina por más de ocho horas.
Al ser abordada por 'ContraCorriente', Jiménez evitó declarar al respecto. Y la razón por la que la nueva asesora de Waldemar Cerrón no quiere hablar es porque se sabe descubierta, al igual que su jefe.
De acuerdo con el Portal de Transparencia, la prolongada visita ocurrió el 27 de julio de 2023, un día después de que el parlamentario juramentara como segundo vicepresidente del Congreso.
"La reunión empezó desde las 09 con 09 minutos y culminó a las 16 horas con 28 minutos. Hablamos de 8 horas con 19 minutos, para ser exactos. Cuatro días después que la hija del excandidato al Congreso por Perú Libre, Manuel Jiménez, lo visitara en su oficina, consiguió un privilegiado empleo en el Estado, que le cuesta al Perú más de 12 mil soles mensuales", sostienen en un reportaje.
"Las puertas del Estado se le abrieron en un santiamén a la joven de 29 años, tras su visita a la oficina del legislador Waldemar Cerrón, hermano del dueño de Perú Libre", agregan.
Se develó también que Jiménez se hizo con el puesto, aun cuando es graduada de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que no logró licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu).
La joven de 29 años fue también la jefa de campaña del golpista Pedro Castillo, en la región Tumbes. Incluso, su padre, el periodista tumbesino y expostulante al Parlamento por el partido del lápiz, compartió mesa junto al chotano, su sobrino Gian Marco Castillo y el fugitivo Juan Silva.
Por la argolla de Vladimir Cerrón, Natalia Jiménez fue también la fugaz directora de Provías, la caja negra de la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en agosto de 2022, pero apenas por dos días.
El exministro de Transportes y Comunicaciones, y también prófugo de la justicia, Juan Silva, se vio obligado sacarla porque no cumplía con los requisitos mínimos: estudios de postgrado y experiencia en cargos públicos de 10 años.
