Ante la justicia peruana, el expresidente de la República, Alberto Fujimori, pidió recientemente que se reconozca la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2022, que validó el indulto humanitario en su favor, otorgado en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Como se sabe, este beneficio fue dejado sin efecto por la Corte Suprema, al acatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Desde 2009, Fujimori purga una condena de 25 años por la autoría mediata de los crímenes relacionados con La Cantuta y Barrios Altos. Evidenciando su deteriorado estado de salud, el ex jefe de Estado exhortó en una última audiencia reactivar dicho indulto que, en su momento, desató la movilización de cientos antifujimoristas.
¿POR QUÉ NO SE EJECUTA EL INDULTO DE FUJIMORI?
A propósito de la decisión que adoptó la Corte Suprema, surge la siguiente interrogante: ¿por qué no ejecuta el indulto humanitario del preso en el penal de Barbadillo, como resolvió el TC en el 2022? Willax.pe se comunicó con abogado constitucionalista Domingo García Belaunde para esclarecer la interrogante.
En un inicio, García Belaunde declaró que la anulación del indulto humanitario carece de argumentos sólidos por parte de la Corte-IDH.
"No hay alguna justificación La argumentación está vinculada con un caso de hace varios años que se consideraba delito de lesa humanidad, sin embargo, el problema es que este delito, a nivel internacional, fue aprobado por Perú en el año 2003, y Fujimori sale el 2000. En consecuencia, no se puede aplicar una norma o sanción retroactiva en tres años", sostuvo.
Aclaró, además, que el indulto concedido al exmandatario figura en la Carta Magna de nuestra nación, siendo una "cosa juzgada"; es decir, "cosa firme".
"No restituyen el indulto por miedo, así de simple. (Las autoridades) se mueren de miedo (…) Entonces, debió cumplirse, ¿y por qué no se cumplió? Porque hay odio y complejos", mencionó.
A consideración suya, la Corte Suprema debe desobedecer las posturas que emita la Corte-IDH, porque "no tiene medidas sancionatorias".
"La Corte-IDH puede hacer lo que se le dé la gana, pero no tiene alguna fuerza. Hay varios países en América Latina, y el último de ellos ha sido Argentina con el caso Fontevecchia, en donde la Corte Suprema Argentina, en 2019, desobedeció una sentencia de esa corte, zurrándose así de esta, y no pasó nada. La corte no tiene armas y no tiene medidas sancionatorias. En Perú, solo tienen miedo al sistema ideologizado que no funciona. No hay el valor suficiente para decir ‘no te hago caso, porque no tienes razón’ (…)", enfatizó.
ACTUAL TC DEBE VALIDAR SENTENCIA ANTERIOR
Domingo García Belaunde resaltó, en este sentido, que el actual Tribunal Constitucional tiene que validar la sentencia que respaldó el anterior, en 2022.
"La anulación (del indulto) es injusta. Debe mantenerse, porque, de acuerdo con la Constitución, es cosa juzgada y no puede moverse. Quien desconoce el indulto es la corte que, dicho sea de paso, no puede hacerlo, sino recomendar cambios. ¡Y en Perú nadie ha dicho nada!", comentó.
"Yo creo que sí (se debe validar la sentencia), porque no se tiene que cambiar e, incluso, el Tribunal Constitucional anterior fue uno frágil y mucho más inclinado hacia ciertas tendencias, y aun así lo dio. Este tribunal debería hacer lo mismo. Además, la sentencia está lista y no hay que hacer otra cosa que cumplirla. Más que presentar otro indulto, es ratificar el ya concedido", concluyó.
