El Consejo de Ministros aprobó, el último lunes, un decreto legislativo que busca condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos móviles y equipos informáticos.
Ello, explicó el premier Alberto Otárola, solo si existe el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer delitos.
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De acuerdo con uno de los principales voceros del Poder Ejecutivo, la medida fortalecerá la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de celulares.
Para ello, se modificará el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante.
El delito, entonces, será sancionado con penas de 12 y 20 años de cárcel, y "será de 20 hasta 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer la falta".
